Desaparecidos. Fosas comunes. Torturas. Fusilados. Las palabras evocan el Chile de Pinochet, la Argentina de Videla. Duele reflejarse en ellas. Cuesta pensar en España como un país que esconde en las cunetas de sus carreteras los huesos de 30.000 desaparecidos, tal vez más.
La paja en el ojo ajeno. Desde que el Tribunal Constitucional determinó en el 2005 que los tribunales españoles pueden juzgar casos de genocidio y crímenes contra la humanidad, España se ha convertido en la corte internacional más diligente en la defensa de los derechos humanos. La Audiencia Nacional investiga los abusos de las tiranías en China, Guatemala, Ruanda, Argentina o Chile. Cuanto más lejos, más grande es el milagro. La Audiencia Nacional se atreve con todo, menos con los crímenes de los llamados “nacionales”. Asusta más un Franco muerto que un Pinochet vivo.
Un aplauso para Baltasar Garzón, pues ya era hora. Aunque el paso dado llegue tan tarde y sea aún tan escaso. De momento, el juez se limitará a elaborar el censo pendiente del genocidio, desde el golpe de estado hasta la muerte del dictador. Sólo será la dolorosa lista de crímenes, no el castigo para los criminales. Tantos años después, y ni siquiera hemos limpiado esa mínima mugre. Tantos años después, y ni siquiera sabemos los nombres de las víctimas, de los desaparecidos.
Algunos dirán que para qué remover el pasado. Por qué no pasar página. El drama es que no hablamos de pasado, sino de presente. Los muertos aún están ahí, en las cunetas. Sus familias aún están ahí, en los juzgados. Tras treinta años de amnesia democrática, tras tres décadas de su sacrosanta transición (sin pecado concebida), la memoria se pudre. Como se pudre la sociedad que permite que una viuda no pueda enterrar a su marido.
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